La Comisión Islámica de España (CIE) señala tres problemas enquistados para los cerca de dos millones de musulmanes en España, el 43% de ellos españoles: Murcia y Cataluña dan la callada por respuesta cuando se les recuerda su deber legal de ofrecer clases de religión islámica donde haya demanda. Badajoz se lleva otro varapalo por «negarse» a ofrecer sepultura según el rito musulmán.
Pero también hubo progresos puntuales en 2018, según el último Estudio demográfico de los musulmanes en España del Observatorio Andalusí, publicado esta semana. El presidente de la CIE, Riay Tatary, señala a Salam Plan que las comunidades autónomas se muestran más dialogantes para ofertar las clases de religión islámica que establece una ley de 1992, que se aprobó en paralelo a otras equivalentes para los derechos de evangélicos y judíos. Aun así, solo hay 76 profesores de religión islámicas para más de 312.000 alumnos en toda España.
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Por otra parte, por primera vez una comunidad autónoma ha aprobado la asistencia religiosa en hospitales para musulmanes, a pesar de que venía reflejado en esa misma ley de hace más de 25 años. Ésta es una radiografía dato a dato de los musulmanes en España, con las dificultades y los avances que se encuentran en la Administración en relación a sus creencias:
1. Dos millones de musulmanes y cerca de la mitad son españoles:
En España viven 1.993.675 de musulmanes, de acuerdo con los cálculos estadísticos de Ucide, que se basan en datos de las comunidades islámicas, los padrones municipales y el Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, equivalen al 4% de los habitantes españoles y extranjeros en el país, una cifra que permanece estable con respecto a 2017.
El 43% de quienes profesan el islam en España, son españoles. Entre los musulmanes inmigrantes, la nacionalidad más habitual es la marroquí, que conforma un 38% del total de personas que profesan esta religión en España. Le siguen las personas procedentes de Pakistán, Senegal y Argelia.
2. Cataluña: la mayor población, pero sin clases de religión
533.600 ciudadanos de Cataluña son musulmanes, lo que la convierte en la comunidad autónoma con mayor población musulmana en números absolutos (porcentualmente Ceuta y Melilla tienen más). Sin embargo, es una de las cinco comunidades autónomas donde continúa sin haber ningún profesor de religión islámica en los centros públicos de enseñanza. El Observatorio Andalusí estima en más de 85,800 los alumnos musulmanes en sus aulas.
Ello a pesar de que en 1992 se aprobaron tres leyes con los representantes de las religiones evangélica, judía y musulmana para concretar sus derechos establecidos en la Constitución, que incluye el derecho a recibir clases de la religión que se profesa en un centro público si existe la demanda suficiente (la ley marca mínimo 10 peticiones por centro para un profesor). Son los llamados «Acuerdos de Cooperación del Estado» con los distintos representantes de las confesiones religiosas minoritarias con arraigo en España.
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La falta absoluta de profesorado de religión islámica en Cataluña es una situación recurrente que denuncia desde hace tiempo la Comisión Islámica de España (CIE), órgano oficial que ejerce de interlocutor con la Administración. Por ello, en una reunión de su Comisión Técnica de Educación el pasado diciembre constataron lo que consideran “fuertes trabas políticas para impartir religión en Cataluña”.
«Siempre hemos tenido contacto con ellos, desde la firma del convenio de enseñanza religiosa [en 1996]», señala el presidente de la CIE, Riay Tatary a Salam Plan. Cuenta que la primera condición que le pusieron fue que los profesores pudieran dar las clases en catalán, con lo que Tatary expresó que no había inconveniente alguno. De hecho, los profesores de religión islámica habilitados por la CIE para la Generalitat se han graduado en las universidades catalanas, subraya.
Sin embargo, «desde entonces no hay señales de vida», indistintamente de los distintos gobiernos que han pasado por el poder en Cataluña. «He hablado con todos los gobiernos que han pasado por ahí. Incluso hablé personalmente con alguno de los presidentes personalmente, y no hay ninguna contestación». ¿El motivo? Tatary asegura que lo desconoce.
Murcia es junto con Cataluña, la única comunidad autónoma, que no está “abierta” a la impartición de estas clases, indica el informe. Para Tatary, la situación «es igual». En estos dos lugares, se ha ofrecido a las autoridades que sean los propios padres interesados quienes paguen a los profesores, pero no se les ha autorizado. Se da la circunstancia de que Murcia es la quinta comunidad autónoma con más población musulmana: más de 105.000 habitantes y 18.500 alumnos.
«Se trata de un derecho fundamental. Es una ley que fue firmada por todos los grupos parlamentarios, tanto nacionales como regionales», recuerda Riay Tatary.
«Se trata de un derecho fundamental. Es una ley que fue firmada por todos los grupos parlamentarios, tanto nacionales como regionales»
— Riay Tatary, Comisión Islámica de España
Cuenta que todos los años manda una carta recordando el convenio que existe para impartir clases de religión islámica, y «no hay una contestación ni de Murcia ni de Cataluña». El presidente de la CIE cuenta que «hace unos años» hubo contactos y estaban «muy esperanzados», pero finalmente quedó en agua de borrajas y desde entonces solo hay «silencio», denuncia.
Aunque Tatary pone el foco sobre Cataluña y Murcia, lo cierto es que Madrid y la Comunidad Valenciana tampoco tienen profesores de religión islámica de acuerdo con la proporción de alumnado musulmán. Solo hay tres y un profesor de religión islámica respectivamente, a pesar de estar entre las cinco comunidades autónomas con mayor población musulmana. Andalucía, la segunda comunidad autónoma con mayor población, tiene a 23 profesores en su plantilla.
3. 76 profesores para 312.500 alumnos, pero con más disposición por parte de las Comunidades Autónomas
El 90% del alumnado musulmán no recibe clases de su religión a pesar de las leyes y “solo doce autonomías cumplen solo unos mínimos legales”, denuncia el informe del Observatorio Andalusí. En total hay 76 profesores contratados en toda España para un alumnado de 312.498 alumnos musulmanes. Solo uno de estos profesores imparte clases en Secundaria; se encuentra en La Rioja.
A pesar del bajo número, proporcionalmente hubo un aumento significativo en 2018, pues son 15 más que un año antes. Esto se debe a que en el presente curso escolar han comenzado a ofrecerse clases de religión islámica en Extremadura, la Comunidad Valenciana y La Rioja.
Aunque Navarra anunció que también lo haría, de momento no ha podido ser. Desde el departamento de Educación de la comunidad foral indican a Salam Plan que solicitaron a la Comisión Islámica en Navarra un listado de profesores una vez que conocieron la demanda, de acuerdo con la Ley de 1992. Pero «hasta fecha de hoy esta Comisión ha informado al Departamento que no puede ofrecer personas con la titulación legalmente necesaria para realizar su función educativa, al igual que está ocurriendo con otras comunidades autónomas». Tatary explica que exigen la carrera de Magisterio o Grado de Enseñanza a los profesores de religión, pero la CIE únicamente dispone de licenciados en su bolsa de profesores allí.
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Baleares, Asturias y Cantabria son otras tres comunidades autónomas donde aún no hay ningún profesor para impartir esta materia, pero están en conversaciones con la CIE. Tatary considera un gran avance la disposición que existe ahora por parte de casi todas las comunidades autónomas a impartir la enseñanza religiosa islámica donde haya demanda.
4. El 95% de las comunidades islámicas no tienen cementerio
Al igual que otras religiones, el rito musulmán para enterrar a los fallecidos tiene sus especificidades, como enterrarlos sin ataúd. Pero a menudo a los musulmanes españoles o residentes en España les resulta imposible cumplir con su fe e incluso se ven forzados a repatriar los cadáveres a sus países de origen, si son inmigrantes.
Y es que el 95% de las comunidades islámicas carecen de cementerios donde poder enterrar a sus muertos de acuerdo con sus creencias. A pesar de ello, Tatary indica que «con los cementerios hemos avanzado mucho», pues desde que se firmó el Acuerdo de Cooperación hace más de 25 años ha pasado de haber 4 cementerios a existir 35 cementerios en toda España. Indica que en las grandes ciudades las autoridades están sensibilizadas al respecto.
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Los ciudadanos musulmanes sí pueden enterrar a sus muertos según su rito en Ceuta, Melilla, Comunidad Valenciana, País Vasco, Asturias, Madrid o Andalucía. En esta última comunidad autónoma el reglamento de la Policía Sanitaria Mortuoria recoge que “en aquellos casos en que, por cuestiones de confesionalidad, así se solicite y se autorice por el Ayuntamiento, (…) podrá eximirse del uso del féretro para el enterramiento, aunque no para la conducción”. Por otra parte, hay dos cementerios pluriconfesionales en Alcobendas (Madrid) y Riba-Roja de Túria (Valencia).
El Informe Anual sobre la situación de la Libertad Religiosa en España elaborado por el Ministerio de Justicia, la Comisión Islámica de España señala al municipio de Badajoz “entre los casos enquistados en el tiempo” y asegura que se niega “reiteradamente a enterrar a musulmanes respetando su rito”.
5. Primer acuerdo para la asistencia religiosa en hospitales
Desde que se regulara el derecho a la asistencia religiosa islámica en centros hospitalarios en la ley de 1992, no se había llevado a cabo ningún convenio hasta ahora. En 2018 por primera vez una comunidad autónoma ha firmado un acuerdo con la Comunidad Islámica de España, señala el informe del Observatorio Andalusí.
Esa comunidad es Madrid y el convenio se firmó con la Consejería de Sanidad en diciembre pasado. La CIE lo valoró entonces como “un hecho muy positivo” y su presidente, Riay Tatary, espera que sirva como modelo para convenios con otras comunidades autónomas.
6. Delitos de odio contra musulmanes
El Código Penal establece los delitos de odio contra las minorías, es decir los ataques contra alguien por el hecho de pertenecer a un grupo social determinado. En 2017, las autoridades registraron 1.419 delitos de odio, casi un 12% más que en 2016, según el Ministerio del Interior. Los delitos de odio por cuestiones religiosas se incrementaron un 119%, aunque apenas superan el centenar (103 hechos registrados). Algunos expertos y asociaciones dentro de la comunidad musulmana no consideran la islamofobia un asunto únicamente ligado a la religión, sino también una cuestión racista, según lo cual también podría haber delitos de odio contra los musulmanes registrados en otra categoría.
En cualquier caso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska indicó recientemente en la presentación de estos datos que existe una «infradenuncia» de los delitos de odio en general. Representantes de las propias fuerzas de seguridad admiten que en parte se debe a la falta de confianza en ellos por parte de los ciudadanos.
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SOS Racismo ha denunciado esta semana la existencia de una «perfilación étnica» en las identificaciones policiales en Cataluña. Según una encuesta hecha a través de su web, las personas «racializadas» que más a menudo deben identificarse ante los Mossos d’Esquadra son las de origen magrebí o árabe (56%). Destaca que las estadísticas de los Mossos muestra que en los llamados «controles policiales de paso» a más de 17.000 extranjeros frente a cerca de 5.000 españoles.
Algunos sectores de la comunidad musulmana en España piden que se tipifique específicamente la islamofobia en la ley o que -al menos- se observe de forma diferenciada en las estadísticas, como ya sucede con el antisemitismo y el antigitanismo. Las asociaciones que solicitan esta tipificación -incluida la Asociación de Jóvenes Musulmanes de España– consideran que solo así se podrá combatir este fenómeno adecuadamente.
La Plataforma Ciudadana Contra la Islamofobia y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska lo consideran innecesario, pues a su modo de ver coincide con la tipificación ya existente de delito de odio contra una minoría religiosa. El relator especial de la ONU sobre minorías, Fernand de Varennes, estuvo recientemente en España invitado por el Gobierno para evaluar la situación de los distintos grupos vulnerables. Para Varennes, en consonancia con las recomendaciones de la OSCE, sí que es «indispensable» desglosar los datos de los delitos de odio para poder darles una respuesta eficaz.