Al menos 116 personas perecieron en el Mediterráneo al hundirse la embarcación en la que huían de Libia con la esperanza de llegar a Europa. Se trata del naufragio más mortal de este año en el que ya han fallecido otras 669 personas en el Mediterráneo, según Acnur.
130 náufragos sí sobrevivieron al hundimiento del jueves, pero fueron llevados a los centros de detención de este país norafricano, donde reciben un trato denigrante e inhumano según denuncian desde hace años diversas organizaciones. Éstas son las otras realidades de Libia:
Sin apenas rescatadores frente a las costas
Las personas que sobrevivieron al naufragio del jueves, lo hicieron gracias a los pescadores que les ayudaron, según su propio testimonio. Es decir, no fueron autoridades libias. Eso sí, al mismo tiempo en otros lugares frente a las costas de Libia, los barcos de «interceptación/rescate» libios -como los califica Acnur- llevaron de vuelta a tierra a unas 200 personas.
El número de personas que tratan de llegar a Europa desde Libia ha descendido un 81% en el primer semestre de 2019, de 11.500 a 2.100, según datos de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur). En su informe de junio de 2019 deja claro cuáles son «las principales razones para el descenso», que «incluyen los cambios en las respuestas de rescate en el mar cerca de las costas de Libia». Cita los siguientes ejemplos:
- el acceso limitado a puertos europeos para el desembarco (lo que ha afectado también a barcos mercantes, señala el organismo),
- la retirada de embarcaciones de la Unión Europea que navegaban cerca de Libia para controlar el tráfico de seres humanos, según lo define la llamada ‘Operación Sofía’.
A estos ejemplos mencionados por Acnur, hay que añadir la retirada de barcos de ONG como Médicos Sin Fronteras junto a SOS Mediterranée u Open Arms, forzadas por las políticas restrictivas en los países costeros europeos para acoger a las personas que rescataban en el mar. Precisamente MSF y su aliado SOS Mediterranée anunciaron hace solo unos días su vuelta en misión de rescate en el Mediterráneo Central.
«Libia no es un puerto seguro. Se necesitan alternativas legales de forma urgente», ha pedido la oficina de Acnur en Libia a través de Twitter tras el naufragio del jueves.
Detención y maltrato de refugiados y migrantes
Acnur trabaja en Libia por «poner fin a la detención de refugiados y solicitantes de asilo» y abogan por alternativas que incluyan un cuidado especial para niños y reagrupamiento con sus familias. Médicos Sin Familia ya denunciaba hace un año que en Libia «la detención ilegal, la tortura y el secuestro son algo habitual» para refugiados y solicitantes de asilo.
Actualmente, calcula que hay entre 5.000 y 6.000 personas refugiadas y migrantes «detenidas arbitrariamente» y bajo «condiciones inhumanas» en estos centros. Califica las condiciones de Además, señala que en los últimos meses «su situación se ha vuelto aún más peligrosa a causa del recrudecimiento del conflicto interno».
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La actual guerra de Libia en junio un centro de detención de refugiados y migrantes sufrió un bombardeo aéreo que dejó alrededor de 40 muertos. Amnistía Internacional ha pedido que se investigue como crimen de guerra.
Human Rights Watch, y también otro organismo de Naciones Unidas presente en el país -la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)– han mostrado en el pasado su preocupación por la situación de los detenidos.
Estado fallido
Libia no consigue encontrar una salida al conflicto interno que mantiene al Estado en un limbo desde la caída y asesinato del dictador Muamar Gadafi en el contexto de la denominada Primavera Árabe en 2011. Ocho años de enfrentamientos en un país donde reivindican el poder al mismo tiempo dos «gobiernos», solo uno de ellos reconocido por la Unión Europea, el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA).
Para hacerse una idea de la falta de seguridad existente en Libia, basta con echar un vistazo a la «ficha de país» y «recomendaciones de viaje» publicadas por España, como hace con los países de todo el mundo: «Ante el importante despliegue de fuerzas armadas en las cercanías de Trípoli y debido a los continuos y graves problemas de seguridad, se desaconseja encarecidamente el viaje a Libia».
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El Ministerio de Asuntos Exteriores afirma asimismo: «Desde la revolución de 2011 la situación de seguridad en Libia se ha degradado y es, en la actualidad, muy precaria. Se suceden los enfrentamientos entre milicias armadas y grupos extremistas en varios puntos del país, incluida la capital, y se registra una proliferación generalizada de armas».
Hay problemas para el acceso a atención sanitaria primaria, agua limpia y sanitarios, entre otros servicios básicos para 800.000 personas en situación especialmente vulnerable, según la Comisión Europea. «El crimen y el tráfico de personas es rampante, con informes horroríficos sobre secuestros, abusos y trata», expone la Comisión en su ficha sobre el país.
La Unión Europea necesita un socio en Libia
Antes de que Matteo Salvini se convirtiera en el ministro del Interior italiano que cerrara los puertos de su país a quienes llegaban desde Libia por el mar, el anterior Gobierno italiano con financiación y apoyo de la Unión Europea ya habían empezado a formar a guardias costeros libios en un intento de convertir a este país norafricano en un lugar seguro donde desembarcar a los náufragos, como exigen las leyes internacionales. La propia Comisión Europea admitió que seguía sin ser un lugar seguro cuando se les acusó de permitir las «devoluciones en caliente» desde el mar cuando aún no estaban cerrados los puertos, como informó Salam Plan.
España volvió a tener una embajada en Libia después de que las legaciones internacionales abandonaran el país al inicio del conflicto. La ha instalado en Trípoli, donde se encuentra la sede del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA). Sin embargo, Exteriores avisa en su página web de que son numerosas las embajadas, incluida la española, las que han reducido sus actividades.
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