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La Fiscalía pide prisión para 15 acusados de orquestar una campaña contra los musulmanes de Nou Barris

La nueva mezquita de Nou Barris (Barcelona), objeto de la campaña de odio orquestada por la extrema derecha según la Fiscalía. © Google Maps

Hasta amenazas de muerte formaron parte de los hechos de los que se les acusa en su campaña para evitar la apertura y el uso de una mezquita en el barrio barcelonés de Nou Barris.

La Fiscalía Provincial de Barcelona acusa a 15 personas de llevar a cabo “una campaña de hostigamiento físico a la comunidad musulmana de Nou Barris”. Los hechos citados por la Fiscalía incluyen amenazas de muerte, agresiones y el amedrentamiento para impedir el derecho a la libertad religiosa consagrado en la Constitución. El fiscal de delitos de odio y discriminación ha pedido la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial contra los 15 acusados, cuya actuación enmarca en movimientos de “extrema derecha” e “islamofobia”.

Son los 15 que han podido ser identificados como presuntos autores de hechos concretos, están acusados de llevar a cabo una “interesada” campaña “sistemática y mantenida en el tiempo, con una frecuencia al menos semanal” entre marzo de 2017 y marzo de 2018. El escrito de la Fiscalía considera a Alberto Bruguera, líder de Democracia Nacional en Cataluña, “máximo responsable”.

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Los hechos a juzgar conforman dos delitos imputados a la mayoría de los acusados: un delito de coacciones para impedir un derecho fundamental y un delito cometido relacionado con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicos. A ello se suma el agravante de cometer presuntamente los delitos por una motivación de discriminación religiosa e ideológica, recogido en el artículo 22.4 del Código Penal.

Para 10 de los acusados, la Fiscalía pide 3 años y 1 día de prisión. Para otros tres, 6 años. Para Bruguera pide un total de 8 años y medio de prisión, ya que es quien está acusado de más delitos: además de los arriba mencionados, al líder de Democracia Nacional se le acusa de dos delitos de amenazas graves, un delito leve de lesiones y un delito de maltrato. Además pide que paguen un total de 30.000 euros a la comunidad musulmana de Nou Barris por “daños y sufrimientos morales”.

Detalles de los hechos: desde continuos sabotajes a las instalaciones a amenazas de muerte

El escrito de acusación asegura que dicha campaña se basaba en “diversas acciones hostiles de acoso y hostigamiento (…) hacia el colectivo musulmán del barrio de Nou Barris” de Barcelona, tanto de forma presencial como por internet. Considera que los acusados aprovecharon de forma “oportunista para la promoción y difusión de sus ideas excluyentes” las protestas de una parte de los vecinos contra la apertura de una mezquita.

La Fiscalía señala que el centro de culto contaba con las licencias pertinentes, pero que algunos vecinos protestaban porque temían “problemas de convivencia, ruido, aparcamiento y/o espacio en la vía pública”. El escrito afirma que los acusados, “militantes y simpatizantes” de grupos de extrema derecha, como Democracia Nacional, se infiltraron en las caceroladas convocadas por algunos vecinos, tomaban la palabra con sus megáfonos y adquirieron un “rol protagonista”. Ninguno de los acusados era del barrio, y muchos tampoco eran de Barcelona.

Estima que “con sus reiteradas y provocativas acciones trataban de, por un lado, manipular políticamente y exaltar a los vecinos”. Tenían presuntamente así el “firme propósito de incrementar la frecuencia y la intensidad de las protestas, y alimentar prejuicios y estereotipos contra los musulmanes en general, así como generar (…) sentimientos de rechazo, odio y hostilidad” contra ellos.

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La Fiscalía les considera responsables de la campaña con mensajes de odio pegados sobre la fachada del local destinado a la mezquita con consignas como “Esta es nuestra tierra y vamos a defenderla”, “6 millones de parados, 6 millones de inmigrantes a su casa. Recuperemos nuestro país”, “España cristiana, no musulmana-DNJ” o “Mezquita no” con manchas de pintura roja simulando sangre.

El escrito de acusación enumera hasta 30 hechos como parte de la campaña islamófoba. Parte de los acusados están identificados como autores de amenazas como “vamos a por vosotros” o “vamos a por ti” en el caso de uno de los vecinos del barrio que apoyaba abiertamente la apertura de la mezquita en el ejercicio de la libertad religiosa que rige en España. El escrito señala que a otra persona le dijeron: “Estás muerto, te voy a arrancar la cabeza, como te rías te mato”.

Los hechos citados por la Fiscalía incluyen también agresiones físicas, la pegada de los citados adhesivos, pintadas, la colocación de heces de perro, el bloqueo de la cerradura con silicona, concentraciones no autorizadas que al menos en una ocasión incluyeron consignas como el saludo nazi y salvas a Hitler o carteles con el escudo preconstitucional de España, difusión de contenidos racistas y xenófobos en redes sociales, entre otros.

La acusación establece que los 15 acusados son “militantes y simpatizantes” de grupos de extrema derecha; y cita a Democracia Nacional, Democracia Nacional Joven (DNJ), Generación Identidad, Legión Urbana, Frente Visigodo y Somos Catalanes. Apunta que “muchos de ellos” emplean una estética y simbología relacionada con skinheads, ideología nazi y “nacional catolicista”.

La Fiscalía estima que los acusados consiguieron “amedrentar” a la comunidad musulmana de Nou Barris para posponer la construcción de la mezquita a pesar de cumplir todos los requisitos legales. Una vez abierto el templo islámico, la campaña siguió, en contra del “libre y legítimo ejercicio del Derecho de Libertad Religiosa” que establece la Constitución y los tratados internacionales firmados por España.

Entre abril y mayo de 2018, el juzgado de instrucción número 21 de Barcelona acordó una orden de alejamiento para el jefe de Democracia Nacional y otros cinco de los acusados. Desde entonces, “cesaron los hechos y se restableció la pacífica convivencia en la calle Japón”.

Previamente, se había ordenado el cierre cautelar de los perfiles públicos en redes sociales de cuatro de ellos. Ahora la Fiscalía, solicita el cierre definitivo y permanente de los perfiles de Alberto Bruguera y otros cuatro acusados más.

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