La Policía Nacional detuvo este martes a diez personas y citó a otras 12 después de 14 registros en las provincias de Madrid, Valencia y Toledo. La red está acusada de blanquear dinero a través de las facturas falsas emitidas de manera «masiva» desde los negocios familiares. Después enviaba remesas con este efectivo a Siria para financiar a milicias afines a Al Qaeda.
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Los diez arrestados están acusados de «presunta participación en los delitos de pertenencia a organización criminal, colaboración con organización terrorista, financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal», explicó la Policía Nacional a través de un comunicado.
Los cabecillas de la trama son un clan familiar. El dinero blanqueado se mandaba a través de «correos humanos» a la provincia de Idlib, en Siria, donde algunos familiares de los detenidos presuntamente están implicados en organizaciones terroristas afines a Al Qaeda, según la investigación.
La investigación señala que la red llevaba «años» aprovechando su «estructura empresarial legal» en España para blanquear «importantes cantidades de dinero» a través de las citadas facturas falsas.
«En abril de 2018 los detenidos lograron activar una vía de transporte de mercancías para sus negocios en la ruta Damasco- Hama- Idlib y Turquía. Un paso sólo practicable para aquellos con contactos directos en las milicias terroristas que controlaban la zona y que ponían los medios necesarios para que los efectos de los detenidos y las personas que ellos determinasen llegaran a destino», explica el comunicado.
Las acusaciones relacionadas con la trata de personas migrantes se deben a que «los investigados se aprovechaban de sus compatriotas y su difícil situación en Siria para emplearlos en la organización delictiva, favoreciendo con ello la inmigración clandestina». También hacían cartas de invitación de trabajo con contratos falsos a estos ciudadanos que después utilizaban como «correos humanos» para introducir dinero en Siria de forma ilegal.
Los registros se produjeron en seis domicilios y siete sedes mercantiles de las provincias de Madrid, Toledo y Valencia. 350 agentes intervinieron en esta operación, para la cual la Europol desplazó además dos oficinas móviles a España. Y es que la investigación apunta a que la red desarticulada forma parte de una «macroestructura financiera internacional clandestina que tiene como objetivos la grave desestabilización del sistema económico capitalista occidental» a la vez que apoyan el sostenimiento de organizaciones terroristas «afines a Al Qaeda».